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La administración del ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, dejó deudas con proveedores que suman más de 3 mil millones de pesos y la titular de Honestidad, Vicenta Espinosa, presentará este viernes una denuncia penal en contra del ex gobernador y de quienes resulten responsables de desvío de recursos y daño patrimonial.
“Tenemos un quebranto en las finanzas por 3 mil 220 millones de pesos. Son recursos monetarios que nos pudieran haber servido para este año de pandemia”, dijo Espinosa en entrevista. La titular de Honestidad explicó que esa deuda es por contratos que el gobierno anterior se comprometió a pagar y no liquidó.
“Muchos contratistas y proveedores no quieren trabajar con el estado porque les quedaron mal […] si hay un programa o hay presupuesto se puede contratar un servicio, pero si no lo hay no tendríamos porqué estar generando compromisos”, agregó.
Mencionó que esta situación afectó la planificación de programas en la Secretaría de Infraestructura, Educación, Salud y Hacienda, entre otras dependencias, pues destinaron una parte de sus presupuestos a saldar esas deudas.
“Si yo no tengo dinero y vienen a cobrarme dejo de hacer cosas para poder pagar, hay un quebranto muy importante”, dijo Espinosa. La titular de Honestidad mencionó que además se han detectado casos en los que algunos proveedores y funcionarios estuvieron coludidos.
Acordaron compras y contrataciones aunque no existía un presupuesto para ello, a cambio de un “moche” o comisión. “Para que exista corrupción está la parte del particular o proveedor y la parte interna. Uno ofrece y otro cae, o al revés, uno pide y el otro cae”, detalló.
En mayo pasado, el auditor superior del estado, José Sergio Soto, y la diputada local, Eva Rodríguez, presentaron una denuncia penal por el desvío de mil 586 millones 150 mil 298 pesos.
En esa denuncia, se detalló que el desvío ocurrió del año 2014 al 2019, a través de 273 operaciones inusuales que luego identificaron como operaciones simuladas con 100 proveedores inexistentes.
Las y los funcionarios que resulten responsables de delitos por hechos de corrupción, podrán ser inhabilitados para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un plazo de hasta 20 años, según el Código Penal Federal.
Con información de Newsweek.
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