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SAN DIEGO, California .- Exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) testificaron que el Gobierno estadounidense encubrió a una docena de agentes fronterizos que mataron a golpes y con descargas eléctricas al mexicano Anastasio Hernández Rojas en la frontera de California en 2010, revelaron este jueves fuentes familiares y activistas.
Los testimonios fueron integrados esta semana a un caso contra el Gobierno de Estados Unidos por esa muerte ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), “y la Administración del presidente Joe Biden tendrá que responder ante la Corte Interamericana en unos meses”, dijo hoy a Efe el activista Pedro Ríos, director del Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC) en San Diego.
Esos testimonios “no solo confirman que Anastasio Hernández murió a causa de tortura, y más allá de constatar que en esa muerte se empleó fuerza innecesaria y se trataron de encubrir los hechos, revelan una cultura de corrupción e impunidad” de las agencias involucradas, dijo Ríos, también directivo de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC).
La SBCC indicó en un comunicado que la familia de la víctima anunció hoy la integración de los testimonios al expediente radicado ante la CIDH, a la vez que divulgó el documento de 45 páginas dirigido al organismo interamericano.
Los funcionarios que testifican son el ex inspector general adjunto del DHS John Dupuy; el ex comisionado adjunto de Asuntos Internos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), James Tomsheck, y el ex vicecomisionado adjunto de Asuntos Internos de CBP James Wong, todos con décadas de experiencia en sus cargos y directamente relacionados con el caso.
Son funcionarios que “tuvieron conocimiento directo de la investigación de la agencia sobre la muerte de Anastasio Hernández”, dijo Ríos.
En síntesis relataron que supervisores y jefes de la Patrulla Fronteriza, CBP y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) interfirieron con la investigación, manipularon hechos para justificar el uso excesivo de la fuerza, destruyeron pruebas y alejaron testigos.
Los supervisores y jefes también se negaron a investigar que sus agentes golpearon insistentemente y aplicaron repetidas descargas de pistolas paralizantes mientras Hernández Rojas estaba desarmado y esposado.
Los mismos testimonios confirman que los supervisores se negaron a investigar esa muerte incluso cuando en redes sociales se publicaron vídeos en que aparecen algunos o todos los 12 agentes que participaron en la golpiza a Hernández Rojas.
Ignoraron asimismo el resultado de la autopsia del forense del condado de San Diego, que determinó que Anastasio Hernández murió asesinado por un paro cardiaco debido a los golpes y descargas que le ocasionaron muerte cerebral.
El Gobierno de Estados Unidos compensó a los cinco hijos estadounidenses de Anastasio Hernández en 2017, pero sin reconocer la responsabilidad de los agentes que participaron directamente en su muerte, ni de las agencias involucradas.
Jenn Budd, una exoficial de la Patrulla Fronteriza del sector San Diego que ahora ayuda como voluntaria a organizaciones que protegen a los migrantes, aseveró al conocer los testimonios que se trata de una cultura de impunidad que ya ha denunciado.
“Como lo he dicho durante años, esta ilegalidad es la forma en que las jefaturas de la Patrulla Fonteriza se han salido con la suya matando a más de 112 personas (migrantes y ciudadanos), y solo dos agentes han sido condenados por algo”, comentó Budd en Twitter.
Aclaró sin embargo que los únicos dos agentes fronterizos que han sido condenados por abusos fueron recientemente indultados por el ahora expresidente Donald Trump.
Budd destacó que en el caso de Anastasio Hernández, los supervisores utilizaron el Equipo de Investigación de Incidentes Críticos (CIIT) de la Patrulla Fronteriza “para obtener los registros médicos antes de que los investigadores los obtuvieran, y luego se negaron a entregárselos, obstruyendo la justicia”.
De acuerdo con una coalición de organizaciones en el área de San Diego, después de la muerte de Anastasio Hernández se han registrado unas 60 muertes de ciudadanos estadounidenses y migrantes a manos de oficiales fronterizos.
Hernández fue detenido con su hermano por agentes de la Patrulla Fronteriza el 28 de mayo de 2010 cuando intentaban reingresar a EU desde México sin documentos.
Una vez trasladado a la antigua zona de deportaciones se registró un altercado, durante el cual el mexicano fue rodeado por varios agentes, quienes lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas en múltiples ocasiones cuando estaba tendido en el suelo. Hernández murió tres días después.
De acuerdo con el testimonio del hermano, los agentes se molestaron y agredieron a Anastasio cuando un oficial le ordenó tirar una botella de agua que llevaba, pero en vez de ello Hernández vació el líquido.
Hacía más de 20 años que Hernández vivía como indocumentado en San Diego, donde con su esposa, María Puga, tuvo cinco hijos estadounidenses y donde tenía una pequeña empresa de mantenimiento y reparación de albercas.
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