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Rosario Robles tardó un año y tres meses en tomar la decisión de colaborar con las autoridades y denunciar a los que llamaba sus amigos. Está “desesperada, enferma y se siente traicionada”, cuenta su abogado Epigmenio Mendieta.
Hace apenas un mes había dicho que no acusaría a nadie para salvarse, pero el domingo pasado decidió cambiar de estrategia. Lo hizo en el área de visitas del penal de Santa Martha Acatitla, donde está encarcelada, tras escuchar la súplica de su hija Mariana Moguel: “¿Cuánto tiempo más vamos a resistir esto, mamá? Ellos nos tienen abandonadas, tú estás enferma, ellos se favorecieron económicamente y tú simplemente por lealtad estás aquí”.
Y así cedió: un día después le contó a su abogado, Epigmenio Mendieta, el diálogo con su hija y le dijo también que colaboraría con la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar el presunto desvío de recursos que favoreció al expresidente Enrique Peña Nieto, al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su partido, el PRI, en el esquema fraudulento conocido como La Estafa Maestra.
¿Por qué Robles toma la decisión de cooperar ahora? Mendieta responde: porque la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada es una amenaza de dejarla de por vida en la cárcel. Una cárcel que, dice, “no merece” Robles porque ella “no se quedó con un solo peso” del dinero desviado.
“Entonces ella (Rosario) toma la decisión de protegerse, de querer salir de la cárcel, de estar con su hija que también está enferma, y está enferma ella misma y entonces… ¿por qué cuidar a aquellos que la traicionaron? ¿Por qué cuidar a aquellos que no la han acompañado en el proceso y ni siquiera le han brindado la posibilidad de un apoyo ni moral ni económico para poder enfrentar su proceso?”, señala el litigante.
Mendieta describe la situación de su clienta como desesperada. En casi un año y medio de proceso en su contra los ahorros de su familia se han ido en defenderse. Tan solo uno de los peritajes que necesitaba para presentarlos en juicio, y que no ha podido pagar, asciende a casi 200 mil pesos. Económica pero también moralmente está quebrada.
Y ni el expresidente Enrique Peña Nieto, ni el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ni alguno de sus otros compañeros del gabinete se han acercado para apoyarla en ningún sentido, ni con dinero ni con una sola llamada telefónica.
“Entonces está desesperada. Realmente ahorita está enferma. La acusación de delincuencia organizada es la que la lleva a decidir que este es el momento o si no se va a quedar de por vida en la cárcel. El ánimo de combatir y defenderse lo quebraron con este nuevo proceso”, indica su defensor.
Antes de que se ordenara su detención por crimen organizado, la extitular de Sedesol y Sedatu había conseguido debilitar la prisión preventiva justificada dictada en su contra por el proceso en el que se le acusa de omisiones. Gracias a diversos amparos ganados dicha medida estaba en revisión.
Sin embargo, la amenaza de abrirle un nuevo proceso por crimen organizado y lavado de dinero, por un caso donde dos personas ya fueron procesadas, significaría para ella una reclusión preventiva automática y una sentencia que podría llegar hasta los 40 años de prisión sin derecho a fianza.
La situación se agrava debido a problemas de salud de Robles que se han recrudecido por la pandemia sanitaria. De acuerdo con su equipo legal la exfuncionaria padece, entre otras cosas, de una hipertensión severa y de una sinusitis crónica que se ha agravado debido al cubrebocas que tiene que portar casi todo el tiempo en el penal para no contagiarse de COVID-19.
¿Qué sigue? Testificar y declararse culpable
La colaboración de Robles con la FGR para buscar diversos beneficios que la ley contempla iniciará en los próximos días, explicó su abogado. Las opciones que se estarían tomando son dos: declararse culpable en el proceso de omisiones iniciado en su contra, y volverse testigo colaborador en el caso de crimen organizado para que no se le imputen formalmente esos cargos.
En cuanto al proceso penal iniciado por las presuntas omisiones al no haber impedido la firma de convenios que abrieron la puerta a los desvíos, la extitular de la Sedesol y Sedatu tiene prevista una audiencia intermedia el próximo 8 de diciembre en donde se presentarán las pruebas para ir al juicio.
Será en dicha audiencia donde Robles buscaría el denominado procedimiento abreviado, indicó su abogado. Es decir: declararse culpable sin ir a juicio a cambio de que se le imponga en esa misma audiencia la pena mínima que, debido a que el delito no es grave, le permitiría recobrar su libertad. Para que esto ocurra se requiere del aval de la FGR.
Respecto al caso de crimen organizado y lavado de dinero abierto en su contra, hasta ahora dicho proceso no ha arrancado dado que la FGR no ha cumplimentado la orden de aprehensión que obtuvo de un juez federal. Esta situación le abre la posibilidad a Robles de buscar el denominado criterio de oportunidad, es decir, volverse testigo colaborador a cambio de que la FGR se desista de la acusación.
Para ello la exfuncionaria federal pedirá a la Fiscalía que en breve le recabe una declaración relacionada con los desvíos de la Estafa Maestra, en la que deberá de explicar como se organizó este esquema y quienes fueron sus superiores que se lo instruyeron, así como los beneficiarios.
Se trata de la misma ruta por la que ya optó quien fuera su exoficial mayor en el sexenio pasado, Emilio Zebadúa. En su declaración ministerial revelada por Animal Político, Zebadúa acusó al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de avalar el esquema de desvíos de la Estafa Maestra para obtener recursos que se utilizaron en promocionar la imagen de Peña Nieto y de Osorio Chong, y en la supuesta compra de votos en elecciones como la del estado de México en 2017.
Rosario Robles tiene la posibilidad de rendir su primera declaración dentro del centro penitenciario donde está recluida ante un agente del Ministerio Público Federal o, en su defecto, podría entregarla por escrito y posteriormente ampliarla una vez que se encuentre libre.
La decisión de conceder formalmente un criterio de oportunidad a Zebadúa y a Rosario Robles compete exclusivamente al fiscal general Alejandro Gertz Manero y a su subprocurador Juan Ramos, previa valoración de la evidencia que los presuntos responsables aporten.
Con información de ANIMAL POLITICO.
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