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El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, firmaron este martes un convenio de colaboración para perseguir la defraudación fiscal y delitos financieros cometidos en dicha entidad, el cual representa el “banderazo de salida” a una serie de convenios que se esperan concretar en adelante con más entidades.
En un video mensaje, Herrera consideró que el acuerdo signado será el parteaguas de una nueva forma de colaboración entre entidades y Hacienda, ya que se trata de un convenio novedoso en el que gana la Federación al conseguir la regularización de más contribuyentes, y los gobiernos subsoberanos al quedarse con los recursos recuperados.
“Con este convenio lo que vamos a hacer es que, si los estados a partir de las auditorías que practiquen detectaran algún problema, le dan vista a la Procuraduría Fiscal que lo litigaría y, si se cobrara algo a través de instancias judiciales, esos recursos irían para el estado, serían 100 por ciento participables.
“El estado se va a quedar con esos recursos, entonces, ¿cuál es el beneficio para Hacienda? Pues es que ese contribuyente detectado a partir de entonces se va a regularizar y ya nos pagará a nosotros de forma permanente en años subsecuentes”, expuso Herrera.
Por su parte, Corral dijo que con el convenio se implementará en Chihuahua la nueva reforma fiscal penal para combatir diversos delitos fiscales y financieros como la compra y venta de facturas falsas, las propias empresas fantasma, a los prestanombres y en general a la delincuencia organizada y los beneficiarios finales de la evasión fiscal.
“El objeto del convenio que vamos a firmar es el intercambio de información para la investigación de los delitos fiscales y financieros. Este convenio nos obliga como estado a informar a la Procuraduría Fiscal de esos delitos, además, se incluye una cláusula importante: de los asuntos que denunciemos a la Procuraduría, Chihuahua podrá participar de recursos económicos”, explicó.
En tanto, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, dijo que los evasores fiscales siempre dejan huella de sus delitos, inclusive los delincuentes más sofisticados, por lo que con los convenios estatales se busca ir por esos rastros y las evidencias para iniciar procesos penales.
“Este convenio recaba huellas o rastros del crimen para utilizarlos como evidencia en procesos penales en contra de los artífices de evasión fiscal. Los factureros en la última década fueron mermando a las finanzas públicas y se estima que cada año robaban 350 mil millones de pesos. Queremos llevar a la justicia a quienes han dañado al país”, sostuvo.
Con información de El Financiero.
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