Por 
Mexicali, Baja California.- Tremendo problema el que enfrenta el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE BC), al hacerse públicas las denuncias por presuntas violaciones en materia electoral por parte de funcionarios y ex consejeros.
Y es que como buen árbitro electoral, tiene la comisión única y exclusiva de organizar y velar los procesos electorales locales de Baja California, desde la gubernatura hasta las alcaldías y las diputaciones locales; y dicho sea de paso, con independencia y neutralidad, como se supone debe ocurrir en todo proceso democrático.
Sin embargo, el halo de neutralidad parece ha sido muy delgado, al menos en la última elección, donde los principios de imparcialidad, justicia y certeza jurídica se habrían visto comprometidos.
Como dicen por ahí, es de humanos errar, y cierto es que los yerros no son ajenos a los grandes puestos y nombramientos. Nadie está exento, y por menos oprobioso que pueda ser o representar un cargo, tampoco exhime.
Prueba de ello es que en el año 2022 el representante del partido Movimiento Ciudadano inició un revelador procedimiento penal que pone en tela de juicio la labor del instituto, señalando particularmente a dos ex consejeros y dos funcionarios del IEE BC.
La acusación se centra en el presunto incumplimiento del artículo 8, Fracción II de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que cita textualmente: “No cumplir, sin justificación, con las obligaciones del cargo, dañando el proceso electoral”.
También se les acusa de violar el artículo 7, Fracción XI, que prohíbe explícitamente «apoderarse, destruir, alterar, poseer, usar, adquirir, vender o suministrar ilegalmente, en cualquier momento, materiales o documentos electorales públicos”, lo cual es considerado un delito muy grave en materia electoral.
Denuncia que al parecer fue acompañada con diversos elementos de prueba. Pese a todo esto, el Juez de Control Gerardo Anguiano Ceja, sospechosamente declaró improcedente la solicitud de vinculación a proceso en contra de los implicados.
El juez incluso señaló que no se cumplió con el requisito de procedencia, apuntando errores en Fiscalía Electoral, como no individualizar a cada acusado, lo cual la fiscalía omitió antes de que se dictara la no vinculación a proceso.
El juez dictaminó que antes de avanzar en el procedimiento se debía cumplir con este requisito, siendo por tanto desechado.
Cabe mencionar que aunque la Fiscalía defendió su procedimiento, basándose en el hecho de que se trata de un delito del fuero común dentro de su jurisdicción, el juez no les compró la idea.
Hay quien puede opinar que no es sano dilapidar al órgano electoral previo a las elecciones, sin embargo los aires de sospecha y de la transa deben ser dispersados por el bien de la legalidad y la transparencia, no sólo del pasado y el actual proceso, sino también de las futuras elecciones.
Con estos eventos se avecinan tiempos complicados y nubes de tormenta alrededor del instituto. Que más pronto que tarde, veremos en qué finalizan y quiénes terminan saliendo raspados.
Comentarios