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Ensenada.- Este sábado 16 de octubre el presidente nacional Andrés Manuel López Obrador, firmó el Acuerdo para Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Ilícita.
El acto se realizó a las 17:30 horas en el edificio del Centro de Gobierno en Ensenada, ubicado en el ex Ejido Chapultepec, junto al gobernador Jaime Bonilla Valdez y la gobernadora electa, Marina del Pilar Olmedo.
La cuota será de 2 mil 500 pesos, y se calcula que hay 500 mil autos en circulación en Baja California por lo que el monto que calculan reunir es de mil 300 millones de pesos.
El beneficio aplica solo para las unidades que están dentro de los siete estados fronterizos. Aplica para los estados de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas.
Con el dinero pretenden rehabilitar vialidades, también comprar equipo para seguridad pública.
Por su parte, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velásquez, fue quien argumentó que el gobierno federal pretende reducir el índice delictivo de alto y bajo impacto con la regularización de automóviles ilegales llamados “chocolate”.
La incidencia delictiva es un reto, dijo, la cual no mejorará con más policías sino bajando los crímenes como el tráfico de armas, de drogas y homicidios.
Habló del trabajo de inteligencia el cual realizan las corporaciones para detener a los generadores de violencia como robos, secuestros y asesinatos.
“Estos autos son usados por grupo criminales para cometer ilícitos y otros en perjuicio de comunidades, son más de 500 mil mucho de los cuáles ante la falta de registro y control vehicular”.
Del 1 de noviembre al 30 de agosto fueron puestos 370 vehículos que participaron en homicidios calificados, de los cuales un 78% son de procedencia extranjera, de ahí la importancia de avanzar en la regularización.
Un grupo de seguidores de ANAPROMEX, una organización que por años ha emitido amparos a los compradores de unidades ilegales,
“Gracias señor presidente”, escribieron a nombre de Fidel Villanueva, fundador de la organización que ha sido criminalizada por el Gobierno del Estado.
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